Por primera vez, un nombre monumental de la cultura española, Julio Iglesias, es señalado formalmente como presunto autor de delitos de trata con fines de explotación laboral, servidumbre y espeluznantes agresiones sexuales. Las acusadoras son dos mujeres latinoamericanas, Rebeca y Laura (nombres ficticios por protección), que trabajaron para él en 2021 en sus propiedades de República Dominicana y Bahamas. La denuncia, presentada por la organización Women’s Link ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, describe un régimen de terror doméstico en la aislada casa del cantante en Punta Cana (México). Los hechos, según el relato de las denunciantes y expuestos tras casi 3 años de trabajo periodístico por eldiario.es, son metódicos y brutales. Entre enero y octubre de 2021, Iglesias les habría impuesto jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso y sin contrato formal. Les prohibió salir de la casa donde trabajaban y revisaba regularmente sus teléfonos móviles. El control, sin embargo, habría ido más allá: ambas alegan haber sufrido agresiones y acoso sexual por parte del artista. El silencio duró cinco años. "Temíamos las represalias, la falta de canales seguros y que no nos creyeran", explica una de ellas a través de sus representantes legales. Ahora, rompen ese sileno por tres razones, dice Rebeca: "Por mí, por las mujeres que aún trabajan para él, y por mi país, para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin consecuencias". Laura es contundente: "Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir esto". La denuncia no se presenta como un caso aislado. Tanto Women’s Link como Amnistía Internacional España, que ha decidido apoyar a las mujeres, subrayan el patrón estructural que hay detrás. "Estos hechos deben analizarse en el marco de estructuras sistémicas de opresión", afirma Jovana Ríos Cisnero, directora de Women’s Link. Se refiere a la intersección de racismo, colonialismo y machismo que coloca a mujeres migrantes, racializadas y en situación económica vulnerable en una trampa de dependencia y abuso. Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España, señala el mecanismo perverso que facilita estos crímenes: "Los sistemas migratorios ligan la residencia al contrato laboral, aumentando de manera terrible el riesgo de explotación y trata". La organización recuerda que la violencia contra trabajadoras del hogar es una violación grave de derechos humanos que los estados no pueden seguir ignorando. El objetivo legal de esta denuncia es ambicioso y pretende sentar un precedente. Women’s Link busca que los tribunales españoles reconozcan que la explotación y la violencia sexual en un hogar privado pueden constituir trata de personas, incluso cuando el presunto autor es una figura pública. Esto implicaría una interpretación más amplia del código penal y del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. La estrategia no se limita a la justicia penal. Persigue "reparación integral" para las denunciantes y la creación de protocolos de acceso a la justicia para todas las trabajadoras del hogar, tanto en España como en República Dominicana. "Escuchar, creer y respaldar a las sobrevivientes es la condición indispensable para una sociedad libre de violencias", concluye Ríos Cisnero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene ahora la palabra. Deberá realizar las diligencias previas para determinar si investiga formalmente a una de las figuras más icónicas y protegidas del país por unos hechos que, de probarse, desmontarían no solo la imagen pública de un hombre, sino la impunidad de un sistema que permite que esto ocurra.